La formación profesional está de moda y me pregunto si la formación profesional superior será el nuevo "océano azul" de las universidades públicas españolas - como en el pasado ya lo fueron los títulos máster - porque son muchos los centros educativos de distintos ámbitos los que se están preparando para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan de Modernización de la FP diseñado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la nueva "Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006 (LOMLOE)", también conocida como Ley Celaá.
La elevada necesidad financiera que vienen arrastrando años atrás un importante número de universidades públicas españolas, muchas de ellas líderes en excelencia académica, requiere de distintas medidas y la actual crisis del Covid-19 que estamos viviendo no viene más que a agravar una situación de asfixia económica de muchas universidades públicas en nuestro país derivadas de épocas anteriores.
El propósito de este post no es analizar la posible infrafinanciación de la universidad pública o si su gestión económica es eficiente porque sobre ambas cuestiones ya existen numerosos análisis.
Según un reciente informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) la realidad que están viviendo nuestras universidades públicas es que sus grados se están vaciando por una caída de la población y por el reciente protagonismo que han adquirido los campus universitarios privados. Todo ello hace que el agujero económico de estas instituciones educativas sea cada vez mayor porque en un gran número de sus titulaciones no se llega al punto de equilibrio financiero para atender al volumen de estudiantes matriculados en ellas.
Mi análisis se centra en la oportunidad que tiene la universidad pública de ampliar su modelo atendiendo a un nuevo perfil de alumno que necesitamos potenciar en nuestro país como es el de la formación profesional de ciclos formativos de grado superior.
La necesidad de potenciar este perfil profesional viene muy bien expuesta en el “Plan de modernización de la Formación Profesional” elaborado y publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que se concreta con “la creación de un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta del capital humano y el talento” en nuestro país.
El reto como bien indica dicho plan es: “pasar de un modelo ‘diábolo’ con pocas cualificaciones intermedias a un modelo ‘barril’ de cualificaciones que requiere nuestro sistema productivo” y que se asemeja mucho más a otros modelos de países más competitivos de nuestro entorno.
Analizando la estructura del sistema educativo español existe una oportunidad y una necesidad para que las universidades públicas españolas con su conexión con el tejido empresarial aborden la formación profesional con ciclos formativos de grado superior, que sirva para dotar a este nivel formativo del estatus necesario para prestigiarla, hacerla más atractiva y que genere atracción a un mayor número de alumnos y empleadores.
Ya en el año 2011 alguien debió ver esta magnífica oportunidad porque en la “Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio,de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, deEducación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial” en su disposición adicional primera se creaba el marco y dejaba abierta la puerta para la colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria. Me atrevo a pronosticar que podríamos vivir próximamente con la formación profesional de grado superior aquello que ya vivimos hace unos años con las titulaciones máster cuando fueron incorporadas al sistema universitario español.
Asimismo, este tipo de egresados de ciclos formativos de grado superior constituye verdaderos “caladeros” de nuevos ingresos para los grados universitarios en dichas instituciones académicas en el life long learning de estos perfiles profesionales y de esta manera dejaría la formación profesional básica y de grado medio en manos de las instituciones educativas que vienen atendiendo los niveles obligatorios de educación en España.
El sector educativo está viviendo un momento muy especial por distintos motivos (la digitalización de la formación, las numerosas operaciones corporativas en el ámbito privado, etc.) que me ha llevado analizar dicho Plan de modernización de la Formación Profesional desde el contexto hasta el mercado y las piezas van encajando para que las universidades públicas españolas puedan jugar un importe rol en este nuevo desafío.
Quiero aprovechar para advertir, aunque sea otro apartado de análisis, que el sector educativo - con un decalaje de unos 10 años aproximadamente - está inmerso en una aceleración de los procesos digitales que ya han sufrido otros sectores de proximidad, como la banca de retail, agencias de viajes o el comercio; derivando en grandes procesos de reestructuración que hoy vivimos e inundan las portadas de los medios de comunicación. Lamento prever que esto mismo lo veremos en unos años en el sector educativo.
Mi análisis tiene una polémica conclusión: El contexto para este ambicioso Plan de modernización de la Formación Profesional es favorable porque la necesidad existe y la oferta de titulaciones está bien construida - aunque todo sea susceptible de mejora – pero, en mi opinión, la mayor restricción para alcanzar su éxito y, salvo excepciones, es la capacidad de muchos de los centros educativos que actualmente la abordan para llevar a este tipo de formación al nivel que se espera y por tanto, requeriríamos de otro tipo de players como la red de universidades públicas españolas para lograrlo.
